En 1822 el alcalde de la población de Portell de Morella escribía una requisitoria a los jueces de primera instancia, alcaldes constitucionales y demás justicias de Teruel y Aragón. En ocasiones las requisitorias servían como comunicaciones, que enviadas a otros juzgados y cabezas de partido, tenían la utilidad de ayudar a apresar a un reo o un prófugo del servicio militar. También para el arresto de ladrones.
En este caso se describen las señas de un mozo de 18 años de edad cumplidos, prófugo de la quinta de 1822, con “estatura de cinco pies menos media pulgada, cabello negro, color bueno, algo risueño de cara y barbilampiño”. El muchacho había sido decretado prófugo por la Diputación Provincial de Valencia. Los prófugos y desertores no eran bien vistos por las autoridades militares, quienes llegaron a escribir circulares para que no formasen parte de sus listas.
